"Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos."

Del Art. 1º de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948.
EL delegado del FMI durante los febriles meses de mi mandato presidencial, Anoop Singh, publicó un artículo de opinión en el que sostiene: "En la Argentina, desde 2002, la pobreza cayó a la mitad y la tasa de desempleo descendió al 8%, resultando el programa de gobierno Jefas y Jefes de Hogar efectivo en conseguir estos logros". Más que un reconocimiento tardío o un mea culpa, esa aseveración es una hipocresía que esconde el fondo de la cuestión.

La caída de la pobreza y de la desocupación no es logro de un subsidio, sino de un modelo económico productivista al que el FMI combatió. Como muchos recordarán, meses después de la puesta en marcha de ese nuevo paradigma, cuando ya se veían sus primeros resultados positivos (los números de la macro y la microeconomía mostraban la recuperación del país), el Fondo seguía reclamándonos "un programa sustentable".

No era, pues, un error de enfoque o incomprensión de nuestra realidad de parte de los funcionarios del organismo. Es la política del Fondo. La Argentina iniciaba un camino independiente de los modelos de ajustes, y eso iba en contra de los postulados dogmáticos y la acción concreta de un ente multilateral comprometido con las naciones altamente desarrolladas, más interesadas en captar mercados que en permitir sus desarrollos propios. Así, una Argentina pujante (como un Mercosur en expansión) son trabas a esa pretensión.

Volvamos a la formulación de Singh. El Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados, en verdad, fue la primera experiencia masiva de aplicación de la renta básica de inclusión en América latina. Sus características originarias fueron la universalidad del derecho para los desempleados, una contraprestación que se traducía en exigencia de escolaridad y controles de salud de los hijos de los beneficiarios, y un monto que estaba por encima de la línea de indigencia.

Tales condiciones la equiparaban a las experiencias de posguerra, materializadas en Gran Bretaña, primero; luego, en Finlandia, y posteriormente, en la casi totalidad de los países del oeste europeo. Se denominó Renta Básica (Holanda), Dividendo Social (Inglaterra), Subsidio Universal (Bélgica), Renta de Existencia (Francia), etc., a este instituto aplicado en épocas de crisis, de origen anglosajón, con raíces en el siglo XVIII, que fue instrumentado ante las secuelas sociales de la guerra.

El éxito en la aplicación del Plan Jefas y Jefes fue esencial para consolidar uno de los pilares de mi gobierno de salvación nacional: alcanzar la paz social. Objetivo similar se logró en Europa, con una cuestión adicional de suma importancia: contribuyó eficazmente al derrumbe del delito y de la inseguridad.

Aquí, el programa Jefas y Jefes de Hogar se ha tornado ineficaz y ha perdido su contenido original. La asignación de 150 pesos equivale, apenas, al 34% del monto que cubre la línea de indigencia, y los controles de escolaridad y salud se abandonaron. Ninguna otra política o programa social reemplazó efectivamente los alcances de aquel. Sólo anuncios y pinceladas cosméticas.

Al mismo tiempo, los subsidios del gobierno para controlar las tarifas de los servicios públicos favorecen mucho más a los sectores medios y altos, y apenas si alcanzan a los más postergados. El economista Javier González Fraga ha mostrado que, si se estiman los valores que debieran tener los combustibles y la electricidad, de no estar subsidiados, por cada 80 litros de nafta que se carga a un automóvil se está recibiendo un plan Jefas y Jefes, es decir, 150 pesos. Y otro tanto ocurre por cada 20 pesos de consumo eléctrico. Todo esto amplía la brecha de la ya injusta distribución del ingreso.

En suma, mientras aquí seguimos discutiendo si es válida o no una renta de inclusión que garantice el derecho a la existencia, en Europa y en los Estados Unidos se han creado instituciones permanentes que incentivan el debate acerca de la necesidad de establecer un nuevo derecho al ingreso universal, que alcance a la totalidad de la población, independientemente de su condición social.

Se trata, como se ve, de un nuevo derecho humano. En tal sentido, es una lucha equivalente a la que se libró en los albores del siglo XX para obtener el sufragio universal. Del mismo modo que el voto, el ingreso universal, en el siglo XXI, significará una ampliación de la frontera de la libertad del ser humano.

Desde el fin del Estado de Bienestar, construido a mediados del siglo pasado –que comienza a caer a partir de marzo de l976–, ha gobernado la lógica del mercado: desregulación económica y ajuste de las políticas sociales, con la consecuencia lógica de desocupación y marginalidad e inseguridad. Deberemos, entonces, replantear el rol del Estado y darnos un gran debate acerca de qué haremos con los cientos de miles de argentinos olvidados.