En los comienzos, el Gobierno mantuvo equilibrio ante el piqueterismo espontáneo. Pero hoy muestra débil autoridad para exigirle cordura.

Los argentinos tenemos un problema con la ley, desde chiquitos. Como historia colectiva, visto que cuando éramos colonia nuestra sociedad criolla aprendió a transgredir la norma española y, ya independientes, consumió casi todo el siglo XIX en alcanzar su integración bajo una ley común. Y como historia personal, cuando nuestros pibes incorporan temprano la imagen social de que el cumplidor es un ganso falto de viveza.

Hay leyes escritas y leyes no escritas que en el siglo XVIII la Enciclopedia clasificaba dentro del "derecho de gentes". Unas u otras, o ambas, se violan cuando grupos humanos bloquean puentes que vinculan a dos países, asumiendo roles de política exterior en sustitución del Estado. O cuando la exigencia salarial de otro grupo cancela el tránsito en una ruta. O cuando ciudadanos indignados arrancan decisiones a los miembros de una legislatura. O cuando sectores estudiantiles impiden una asamblea universitaria.

Y no se trata de la discusión sobre la legitimidad de las causas. No, señor; las hay malas y justísimas. Se trata de la imprescindible discusión sobre el fin y los medios de los comportamientos sociales y su relación con la democracia. Y no parece importarnos mucho, desde que, en la acción directa, mostramos desconfianza en que los caminos institucionales no agresivos a los derechos ajenos puedan llevar a la satisfacción de nuestro reclamo. Ese atropello no entra en nuestra contabilidad, sólo incluimos el que creemos estar sufriendo.

Un gobierno es también un producto de cada idiosincrasia nacional. Y el nuestro se muestra fiel a sus raíces: temerario en la picardía y ambivalente. Cuando, en los comienzos de esta gestión, el piqueterismo era todavía espontáneo, el gobierno mantuvo una conducta equilibrada, incluso resistiendo la impaciencia de sectores de opinión. Luego, se tentó a lograr su aprovechamiento como instrumento de poder.

Aparece ahora un gobierno que pide con débil autoridad cordura a estas expresiones populares. Y es el mismo gobierno afecto a desplantes frente a adversarios inocuos, o inventados, o incomprensiblemente innecesarios. Y es el mismo que también subvalora la ley acumulando poderes discrecionales, en un rumbo que desvirtúa la esencia de la república. La suma algebraica de falta y exceso de autoridad da un resultado anómico contrario al progreso de la democracia, que es un delicado equilibrio entre mi derecho y el de los otros, regulados por una autoridad estatal de límites claros.

No es cosa sencilla enfrentar el problema, de existir voluntad de hacerlo. Y no sólo por los riesgos de impopularidad que el gobernante debe asumir: todo acotamiento de la acción directa orilla inevitablemente la represión física, y ella es a veces impredecible en sus consecuencias. No es bueno tampoco que la oposición acose al gobierno, si produjera iniciativas para dicho acotamiento.

Pero ganarse ese crédito obliga al oficialismo a evitar los abusos fundados en mayorías siempre circunstanciales. Nuevamente, el gesto desde el poder hace docencia y genera compromiso hacia la concertación.

Pero no olvidar que en una enfermedad de la cultura política como ésta, el tratamiento no cabe solamente al gobierno. Nuestra sociedad debe mostrar clara sanción a la acción directa y no escandalizarse cuando la utilizan otros y justificarse cuando cree que sus intereses la reclaman.

No tendremos buen pronóstico si nuestros chicos asocian la participación social y política con la imagen de muchachones encapuchados portando palos —que evocan el fusil— o con multitudes iracundas que fuerzan decisiones de gobierno. El contrato democrático es mucho menos espectacular, no alimenta noticieros, está lleno de compromiso y vacío de arbitrariedad.