El reconocimiento de las mejoras producidas, en comparación con el precipicio del 2002, no debe olvidar la exigencia de políticas activas y reformas que suelen ser conflictivas e incómodas para el gobernante.

La economía suele discutirse con tono grave y pretensión de racionalidad; la cuestión social, con superficialidad prejuiciosa y sesgo emocional.

Esto último favorece la invisibilidad de no pocos problemas de fondo. Por ejemplo, que parte del gasto social del Estado argentino es regresivo y aporta a la desigualdad.

Para citar unos pocos casos: universidades inaccesibles para sectores que las sostienen con sus impuestos; obras sociales subsidiadas por hospitales públicos que atienden gratis a sus afiliados; trabajadores sin derecho jubilatorio cuyos impuestos financian a los ya jubilados; asignaciones familiares que, vía precios, pagan también la mayoría de las familias, que no tienen derecho a recibirlas; inversiones en transporte e infraestructura con mayor beneficio a sectores medios y altos. En fin, fenómenos estructurales y silenciosos que explican en parte las tres calamidades que resumen el problema distributivo: el desempleo, la pobreza y la desigualdad.

En nuestra historia llena de altibajos, aquéllas suelen interpretarse como resultado de las reiteradas crisis económico-institucionales, cosa que creo es sólo parcialmente cierta. Casi todo empeora en la crisis y mejora luego. Los indicadores enloquecen y pronostican un apocalipsis que no llega. Pero lo que sí queda, en la experiencia argentina de más de treinta años, es el deterioro de la calidad y dignidad de la vida de cada vez más habitantes de nuestro país.

Esas tres calamidades están fuertemente vinculadas, pero sin paralelismo. Hoy, recordemos, todas mejoran respecto al precipicio del 2002, pero dejan pisos más altos de precariedad laboral y pobreza y, sobre todo, la extrema desigualdad del ingreso muestra su obstinada rigidez.

Es que tanto el empleo como la pobreza son sensibles al crecimiento económico, en tanto la desigualdad casi no lo es. Y es por ello que, como señalara ya Rousseau: "Porque la fuerza de las cosas tiende siempre a destruir la igualdad, la fuerza de la legislación debe siempre tender a mantenerla". Y eso es lo que no estamos haciendo.

Paes de Barros, economista brasileño, en una conferencia en Mendoza hace dos años, explicaba que para lograr en su país una reducción de la pobreza equivalente a la que se alcanzaría con una mejoría del 5% en la equidad distributiva, se requiere un aumento del 50% en el crecimiento. No hay razón para creer que nuestro caso sea muy diferente.

Contrariamente, nuestro gobierno muestra una ciega confianza en la bonanza de las commodities, que nos ayuda mucho a superar lo peor de la crisis pero no alcanza para un futuro sustentable. Integrantes del gabinete sostienen que, como casi todo anda mejor (comparado con 2002, claro), volveremos pronto a los buenos tiempos del pleno empleo formal con protección social, y que la recuperación salarial será el principal atenuador de la desigualdad vigente.

Esta línea de autoengaño tiene la comodidad de soslayar un asunto tan clave como enojoso: contrariamente al empleo y la pobreza, que mejoran al ritmo del PBI, la desigualdad exige políticas activas sobre resortes muchas veces poco evidentes y conflictivos, incómodos para el gobernante.

¿Pero quién, sino la política, puede mediar en los dilemas cruciales? Aun más, en un medio donde todo interés se corporativiza rápidamente opacando al bien común. También puede no hacerlo, y será su fracaso, aunque gane elecciones. De lo que se trata es de políticas concretas, tras las que se alinean los intereses y las controversias, y respecto a las cuales se miden los resultados.

No será ocioso que acordemos una agenda para la equidad con temas como estos, que sirven de ejemplo: las prioridades en la distribución de recursos educativos; una seguridad social que universalice sus beneficios, incluidos los de salud, en base a derechos de ciudadanía; un modelo sindical ampliado y democratizado; eliminación de subsidios regresivos a empresas y sindicatos, que pagan todos los que no se benefician; prioridades sociales en inversión pública para servicios e infraestructura (¿tren bala o red ferroviaria colectiva?); reforma impositiva con mayor progresividad y que incluya a las colocaciones financieras.

La agenda completa es mucho más que el nuevo "contrato moral" que algunos proponen, aunque lo tenga de cimiento. Es reescribir varios capítulos maltrechos del contrato social que nos une. Los actuales niveles de desigualdad condicionan hacia adelante la convivencia, el éxito de la economía y la misma democracia.

Enhorabuena si el gobierno hace suya la agenda. Con ella construiría la única transversalidad genuina. Pero, en todo caso, debe ser, desde ya, la auténtica bandera diferenciadora de la oposición progresista, más allá de lo que aconsejen las encuestas. La buena política atiende a la opinión pública, pero no se esclaviza a ella. Sabe perder, si toca, pero también convencer y ganar.