Es imprescindible modificar una realidad injusta por la que millones de pobres sostienen, con sus aportes e impuestos, la calidad de vida de los demás.

Buena parte de los argentinos estamos "mirando para otro lado". Y en este caso, para no ver un silencioso y anónimo escándalo social que estamos viviendo.

Y no me refiero a ninguno de los muy trajinados por los discursos políticos progresistas: la creciente riqueza de los ricos en los últimos diez o quince años, las ganancias monopólicas de empresas privatizadas, la imparable inflación de pobres, los rigores de la ortodoxia del FMI, o la capacidad reproductiva de las prácticas corruptas. Aludo a la manera en que 21 millones de pobres nos están pagando la poca o mucha buena vida que tenemos los 15 millones de argentinos que respiramos mejor, por encima de la raya definitoria del INDEC.
Porque el escándalo que evitamos mirar es que los pobres, a través de sus magros consumos, pagan precios e impuestos que participan en la financiación de jubilaciones que cada vez los alcanzan menos, servicios de obra social que reciben otros y asignaciones familiares limitadas a los integrantes de la economía formal.

La histórica regresividad de nuestra seguridad social, disimulada y tolerada en los tiempos de alto nivel de empleo formal, muta a expoliación de pobres en una crisis de exclusión como la que vivimos. Y de ninguna manera la contrarrestan —más bien la cristalizan— los diversos arbitrios de subsidio focalizado, ni siquiera la actividad de escuelas y hospitales, a pesar de ser ella progresiva y propobres.

A esta observación incómoda se suele responder críticamente que lleva a enfrentar los intereses de los pobrísimos con los de otros que muy poco tienen, aunque no clasifiquen para pobres. Claro, resulta más fácil refugiarse en la simplificación demagógica de pobres vs. ricos, que refleja mal las mucho más sutiles y complejas tramas de la inequidad social.
Ya en el siglo XVI, Maquiavelo sostenía en Florencia que "la corrupción y la falta de aptitud para la vida libre nacen de la desigualdad en la ciudad". Si pensamos que sigue teniendo razón, entre los varios asuntos públicos a encarar, agendemos una prioritaria reforma sustantiva de la seguridad social.


Cuatro requisitos

Una estrategia económica de crecimiento constituye la imprescindible política social indirecta, en la medida que provea oportunidades de trabajo e ingreso suficiente para las familias. Pero la política social directa, que se expresa en los modelos de educación y seguridad social elegidos, y en el sistema impositivo, es la que define los resultados en términos de equidad, integración y cohesión del conjunto social.

Por cierto que hablamos de una seguridad social que retoma su aspiración fundacional de universalidad, pero ya no sustentada en una improbable hipótesis del pleno empleo tradicional, donde los derechos sociales emergen de los laborales y el resto es, camuflada o no, caridad pública. Hablamos de universalidad sustentada en condición de ciudadanía, en ser integrantes de un pueblo. Y también hablamos de igualdad, en el marco de la razonable diversidad de situaciones. Y esto excluye una acción social dirigida a los más pobres y otra diferente a los trabajadores "en blanco".

Y para todo ello, se abren cuatro caminos necesarios, atendiendo a claras prioridades humanas:
Asignación por niño, que alcance a todos los que hoy no la reciben, en familias por debajo de cierto nivel de ingreso. Esto debe hacerse en etapas, comenzando por los menores de 6 años, dada la imposibilidad de un financiamiento universal desde el inicio. E incluye, naturalmente, la cobertura económica de la maternidad.
Jubilación básica estatal, igual y univer sal, e independiente de la historia laboral de las personas, para todos los mayores de determinada edad. También de cumplimiento por etapas y complementada con sistemas voluntarios de capitalización individual o colectiva, con administración lucrativa o por entidades de la economía social.

Gestión de la desocupación a través de una asignación igualitaria en dinero, con compromiso de contraprestación educativa o laboral vinculada al sistema productivo. Lo cual podría ser complementado con seguros voluntarios que tomen los individuos. El actual programa de jefes de hogar es el embrión de este modelo, pero requiere cambios sustantivos y una rigurosa planificación futura.

Un seguro de salud descentralizado en las provincias, que nos incluya a todos con cobertura de calidad igualitaria y organice a los prestadores de servicios, estatales y privados, en convergencia hacia un objetivo común.
La propuesta no se agrega a lo que hay. Aunque se apoya en lo existente, reemplaza a lo que hoy llamamos dicotómicamente acción social y seguridad social. Presupone un acuerdo federal para la gestión articulada de la cuestión social, capítulo central en la reforma del Estado.

Y presupone una paralela y progresiva reforma impositiva, dado que el grueso de la financiación debería provenir, a mediano plazo, de rentas generales, aliviando al salario de las "cargas sociales" actuales y reservándolo para los seguros complementarios de carácter voluntario. O sea, no hablamos de más impuesto, postulamos una estructura impositiva que responda, también, a inspiración social.

Y, sobre todo, lo que debemos postular es una distinta visión de los derechos sociales, expresada en una seguridad social que nos abarque a todos, y que refuerce la autonomía de las personas, preservándolas, al mismo tiempo, de la manipulación y de los abusos del mercado.
En fin, una seguridad social para la democracia, como nos hubiera aconsejado Maquiavelo.