El mundo político argentino tiene poco o nada que decir sobre nuestros sindicatos. No figuran en la agenda política ni de la izquierda ni de la derecha. Más, el asunto suele omitirse en el discurso público. Son, casi, como atributos de la nacionalidad que no se discuten, a la par de la pampa húmeda, Boca Juniors, el dulce de leche o la virgencita de Luján. Pero, como "la realidad es la única verdad", los sindicatos son, para los argentinos, tanto una necesidad como un problema.

Las relaciones entre la organización sindical y la democracia son complejas. La democracia requiere un delicado equilibrio de poderes, no sólo entre los clásicos del Estado republicano (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), sino también entre los que ejercen las clases sociales, las corporaciones y los partidos políticos. Tal equilibrio es dinámico, inestable y nunca perfecto, pero un desbalance excesivo en las cuotas de poder que administran los actores resulta, tarde o temprano, incompatible con una democracia real, en cuanto ella significa amplia participación en las decisiones políticas, en la producción y en una distribución equitativa de sus beneficios.

El modelo argentino de "sociedad de bienestar" posterior a la Segunda Guerra Mundial consolidó una organización sindical verticalista y concentradora del poder interno, que se hizo hegemónico y, a veces, dinástico. La legislación sancionó y amparó este modelo, cuya vigencia ya festeja hoy sus sesenta años. Y la principal razón por la cual no fue confrontado radica en su funcionalidad para no pocos actores sociales importantes: resultó socio -conflictivo a veces, pero buen socio al fin- del empresariado de mayor peso; ahogó las expresiones extremistas que inquietaban a otros factores de poder y al argentino medio; ofreció siempre interlocución al gobernante civil o militar, si aceptaba pagar caro su complacencia; al trabajador le cumplió en defender sus intereses, aunque lo hiciera con visión limitada a su sector, y a veces en contra de la conveniencia de los demás trabajadores; al peronismo, uno de los dos partidos que gobernaron la Nación, le sirvió de motor, banco y refugio, según las épocas, en tanto, al costado del camino, el radicalismo lloraba su incompatibilidad y consecuente anemia sindical.

Aunque carente de una visión global de país -o quizá por eso-, fue muy eficaz en la construcción del propio baluarte: más allá de la función estrictamente sindical, incorporó la gestión de una porción crítica de los servicios de salud, bloqueando, hasta hoy, todo intento hacia un sistema más universal e igualitario; cubre diferentes servicios sociales y la administración de fondos jubilatorios, además de otros seguros, y el manejo empresario de ferrocarriles y de la provisión de agua potable.

En definitiva, el modelo es coherente con un país en el que las corporaciones -estelarmente la militar y la sindical- ocuparon amplios espacios sustituyendo a la iniciativa privada en algunos casos, en otros a las áreas específicas del Estado y, sobre todo, a los partidos políticos y demás instituciones de la democracia. Aún hoy, valga el ejemplo, una casual denuncia cinematográfica lleva a tomar decisiones sobre el control del tráfico aéreo, cuya racionalidad era evidente hace mucho tiempo. Evitamos conflictos y que otro algún día los asuma. Lo que ha realimentado, además, el descrédito de la política como orientadora de transformaciones.

Pero las cosas se han complicado, finalmente, porque el sindicato no cambió en más de medio siglo, pero sí el mundo y el país, y mucho. Revolución tecnológico-productiva, inviabilidad de las autarquías económicas nacionales, desarticulación de los mercados de trabajo relativamente estables posteriores a la Segunda Guerra, auge de las recetas neoliberales cuya principal fuerza es la crítica a la incapacidad renovadora del modelo de Estado de bienestar, profundas y silenciosas transformaciones en la estructura social, para citar algunos datos relevantes de ese cambio.

Y enfatizo, ese cambio es general y vale para economías reactivadas y prósperas como la de Chile, o estancadas y en sucesivas crisis como la nuestra. Nadie debería fantasear con la vuelta de los viejos buenos tiempos que conocimos. El desafío es la construcción de nuevos buenos tiempos, que requieren
instituciones también renovadas.

La fractura social argentina es casi insondablemente profunda. En la, hasta hoy, imparable polarización, el sindicato representa a los incluidos en la economía formal. Y dentro de ellos, refleja, además, la creciente categorización de grupos laboralmente más calificados, ganadores, y otros en apenas decorosa subsistencia y resignación. Frente a esto, el polo desdibujado, anónimo y no organizado de los demás: desocupados, poco calificados, precarizados, changarines, autónomos. Muchas de las medidas que benefician a los primeros suelen perjudicar aún más a los segundos. El distanciamiento confronta clases sociales populares y medias. De una u otra manera, la desigualdad siempre se profundiza, aunque disminuya la pobreza.

La CTA fue un intento bien inspirado de superar la fractura y unificar la voz de los sectores medios y humildes en una representación sindical democratizada y abarcativa. Su propia composición les puso techo rígido a sus aspiraciones: gremios estatales sobreprotegidos por las leyes, sin compromiso con la empresa capitalista y con un discurso con tan fuerte sesgo estatizante como conservador en sus propias reivindicaciones. Con todo, fue y es la única expresión promisoria en la monotonía del mundo sindical.

Por la fuerza de las cosas, los políticos suelen privilegiar la atención a los más fuertes y organizados, antes que a los dispersos, que no siempre tienen en claro qué les conviene, salvo aspirar al estatus de los otros. Así, el progresismo busca, al menos, no tener a aquéllos de enemigos, respetando su búnker. La derecha ya ha aprendido a convivir, con ganancia. Y el Gobierno, obsesionado por la gobernabilidad, pacta y consolida el modelo vigente.

No lloremos o malinterpretemos los efectos, si somos incapaces de remover las causas. En el inventario de las reformas que le debemos a nuestra democracia, la sindical ocupa lugar principal, buscando transparencia en la conducción, garantías para las minorías, e incorporando la multiplicidad del trabajo autónomo, los desocupados, las pequeñas cooperativas de trabajadores y, junto con la empresa, el desafio de la capacitación y de la mayor productividad.

Aprovechando la experiencia, sin resentimientos y respetando los avances sociales auténticos, hay que trabajar para que el sindicato sea no sólo el abogado de todos los trabajadores, sino también quien ayude a revertir una desigualdad social que, de no lograrse, hará del discurso democrático una retórica cínica.